El sector pide ponerla en stand by para revisarla a fondo
Cipriana Ramos, presidenta de asuntos aduanales de Consecomercio destacó que la reformada Ley Orgánica de Aduanas (LOA) tiene muchos vacíos jurídicos por lo que tienen dudas sobre la aplicación de la norma que fue aprobada vía habilitante, que hasta los momentos no han sido respondidas por los entes oficiales.
Asegura que la normativa tiene medidas restrictivas y punitivas que amenazan la actividad aduanera en el país por lo cual los trabajadores solicitan que sea aplicada una nueva vacatio legis para que el sector se reúna, la discuta y se hagan las correcciones necesarias.
Ramos asegura que las sanciones y multas establecidas en la reformada ley pudieran llevar a la suspensión y revocatoria de los auxiliares de la administración aduanera, por causas que escapan de sus manos por factores externos inherentes al comercio internacional y hasta al propio Seniat.
La ley especifica que hay que hacer una Declaración Anticipada de Información (DAI) con un lapso comprendido entre quince a dos días antes de la llegada de la mercancía cuando sea por vía marítima y entre quince a un día antes de su llegada cuando sea por vía aérea o terrestre, esto se hace mediante internet, sin embargo acotó el pasado jueves no había sistema para realizar la DAI “y si vas a la aduana te dicen que si no transmites te multamos” explicó.
La DAI tiene elementos positivos, como la gestión de riesgos y la preliquidación para despacho directo de productos esenciales, que el Sidunea durante más de 10 años de funcionamiento aun no contemplaba, pero impide a un productor o empresa que requiera un repuesto con urgencia enviarlo con esa premura y al constituir parte de sanción tan severa como suspensión o revocatoria obscurece sus bondades, aseverá.
La no declaración dentro del lapso establecido (5 días hábiles) cuando llega la mercancía al país puede ocurrir porque el importador no ha recibido los documentos, porque Bolipuertos no ha entregado el acta correspondiente, o porque el Seniat no ha autorizado el vaciado del contenedor, pero aún así esta situación hace acreedor al importador y al agente de aduanas de una multa por 50 UT, pero este último puede sufrir una suspensión temporal o revocación de la autorización si le han aplicado dos o tres sanciones.
Esta normativa hace extensiva al auxiliar de la administración aduanera responsabilidades con sancionespor factores que no puede controlar, explica.
Debido a esto aseguran que la entrada en vigencia de la normativa pone en riesgo esta actividad económica en las ciudades portuarias del país que son en su mayoría realizadas por empresas pequeñas.
“Hay 23 artículos que pueden aplicar 79 sanciones, que lanzarían por la borda el esfuerzo de miles de familias aduaneras. Un solo embarque podría significar la suspensión o revocatoria de transportista, consolidador, almacén y agente de aduanas. Esto es gravísimo.”
También anunció que “estamos preparando desde los gremios un documento para nuestros clientes donde ellos son responsable de estas sanciones cuando sea imputable el importador, pero esta medida no evitará la quiebra porque ningún importador va a asumir la indemnización por suspensión o revocatoria de un auxiliar. Esta ley obliga a la sincronización del proveedor, importador y auxiliares de la administración aduanera, pero también de todo los funcionario de la administración aduanera”.
Por otro lado, aseveró que “todavía no tenemos claro muchísimos obligaciones que tenemos que cumplir… no está clara la distinción en las obligaciones del agente aduanal y de la agencia de aduanas. Hay dudas también sobre las competencias que modificaron.
El gremio esperaba la adaptación de la Ley de Aduanas al Mercosur y que recogiera el título completo referido a las exportaciones, simplificara los trámites y adoptara medidas positivas para el comercio internacional.
Por su parte, Eduardo Quintana presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira , destacó que la creación de una serie de sanciones que eran inexistentes en el pasado es otro aspecto que impactará en los costos de producción de la actividad aduanera, “estos impuestos si a caso son aceptados por los importadores son sumamente costosos y que representa una limitación porque no todos tendrán para cubrir los gravámenes de este impacto no percibido con antelación”, dijo.
Los aduaneros claman la suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley, para que el sector se reúna y discuta la norma para unificar criterios, por lo que están enviado sus consideraciones a la Asamblea Nacional para que sancione la entrada en vigencia de la normativa.