La señalada Providencia Administrativa, coloca a los productores e importadores en una situación difícil, ya que tienen que conocer- para cumplir con esa normativa- las estructuras de costos de todos los agentes económicos o empresas integrantes de la cadena de comercialización.
El Universal
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas solicita a las autoridades competentes la revisión de la Providencia Administrativa Nro. 057 ante las distorsiones que genera en los diversos mercados, así como en las cadenas de comercialización de productos y mercancías, informó a través de nota de prensa.
La Providencia Administrativa Nro.057 publicada en la Gaceta Oficial del 24 de noviembre de 2014 y varias veces prorrogada, introduce graves distorsiones en la comercialización de bienes, al establecer la obligación en cabeza de los productores e importadores, de determinar los precios y establecer el marcaje para aquellos bienes y mercancías, cuando no haya sido determinado su precio justo (PVJ) por la Superintendencia Nacional para la Protección Socioeconómicos (SUNDDE).
La señalada Providencia Administrativa, coloca a los productores e importadores en una situación sumamente difícil, ya que tienen que conocer- para cumplir con la normativa- las estructuras de costos de todos los agentes económicos o empresas integrantes de la cadena de comercialización.
Por consiguiente para dar efectivo cumplimiento a la obligación establecida, los productores o importadores se ven en la necesidad de: a) o bien de acudir a la determinación unilateral de precios, pudiendo implicar una imposición de precios o la venta a pérdida para algunos agentes económicos, en algunos eslabones de la cadena; o bien, tener que concertar con los eslabones de toda la cadena, para llegar a acuerdos, en cuanto a los márgenes aplicables a cada eslabón; pudiendo acontecer en ambos supuestos eventuales, violaciones del recién publicado Decreto Ley Antimonopolio.
El objetivo de la Cámara con esta propuesta, es contribuir a facilitar la comercialización de bienes y servicios y poder ofrecer la debida información en cuanto al proceso de fijación de precios a los ciudadanos.
