La Nación – San Antonio del Táchira. Al cumplirse 90 días del cierre del paso fronterizo de Táchira con el departamento Norte de Santander y prácticamente el mismo lapso de vigencia del estado de excepción, el desabastecimiento de alimentos, el contrabando, la devaluación de la moneda y algunos problemas de inseguridad siguen presentes en los municipios limítrofes, donde el Gobierno venezolano comenzó a implementar estas medidas el pasado 19 de agosto.
El cierre del paso por los puentes internacionales y la declaratoria del estado de excepción fueron medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro como respuesta al ataque que sufrieron tres militares del Ejército y un civil, por parte de grupos paramilitares que manejan el negocio del contrabando, narcotráfico, la extorsión y otros ilícitos que afectan a la economía venezolana.
Los alcaldes de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, Simón Vargas y Alejandro García, incluso coinciden en señalar que el desabastecimiento “es peor que antes del cierre de la frontera”. A los problemas ante señalados, los gobernantes locales añaden la afectación que se ha causado a la economía de la región, con cerca del 70 por ciento del comercio y la industria paralizados, incremento del desempleo, porque las empresas ya no son capaces de pagar la nómina y los compromisos con los trabajadores.
El alcalde de Ureña, Alejandro García, dice que las medidas adoptadas por el Gobierno “no han servido absolutamente para los propósitos que se pretendían; en la frontera, a pesar del esfuerzo que ha hecho el alto mando militar, a cargo del general Carlos Martínez, siguen sucediendo hechos de contrabando con complicidad de algunos funcionarios, no todos, por supuesto, pero la frontera sigue trancada para los pendejos. Esa es la apreciación que yo tengo”, afirma.
El deterioro de la economía en el municipio Pedro María Ureña es evidente y se refleja en la disminución en 70 por ciento en la fabricación de diferentes rubros que hacen parte de la economía nacional. “El que producía 100, ahora produce 30, eso quiere decir que lo prolongado del cierre ha afectado a tantas empresas que, inclusive, muchas ya no van a abrir en enero, y las otras están pasando un trago grueso para poder reunir las prestaciones sociales y los aguinaldos de sus trabajadores, y con toda seguridad que están descapitalizadas y no podrán abrir operaciones en enero”, asegura. Asimismo, -dice- lo que más me preocupa es que un país construye un puente internacional de seis canales en Tienditas, para cerrar la frontera. Eso es lo que llamamos el mundo al revés. En cuanto a la seguridad, sostiene el alcalde García, podría decir que ha sido tal vez el único acierto que ha tenido este cierre de fronteras, por tratarse de que han sido controlados los grupos subversivos que operaban en la zona, pero el contrabando, aunque no en la cuantía en que se manejaba antes, sigue fluyendo hacia Colombia por algunas rutas clandestinas y con complicidad de algunos funcionarios que tienen a su cargo evitar que eso suceda.
En lo que respecta al abastecimiento de alimentos, el burgomaestre dijo que en Ureña no se consigue nada. El miércoles había en el barrio El Cementerio unas 1500 personas aproximadamente para comprar un kilo de arroz cada una, es insólito lo que está sucediendo en un país donde nos jactábamos de decir que era de progreso y de bonanza.
“Antes del cierre y del estado de excepción, aquí existían Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y las cosas que sucedían era con la anuencia de algunos de ellos; por lo tanto, no vemos la necesidad de trancar una frontera durante 90 días y que los resultados sean tan pobres. Se decía que toda la comida de Venezuela se iba por aquí, se cerraron los puentes y entonces ahora qué excusa hay para decir que no hay alimentos en los anaqueles del estado Táchira. Además, tenemos información que por Guarumito el paso de la gasolina es campante, los contrabandistas tienen patente de corso para llevar el combustible al otro lado. Como no llevan nada en el vehículo se supone que no son contrabandistas, pero si se están llevando la gasolina, igualmente están contribuyendo con el desabastecimiento del Estado venezolano”.
El alcalde del municipio Bolívar, Simón Vargas, expresó que ya son 3 meses del cierre total, pero ya teníamos más de un año con el cierre parcial de la frontera y la medida no ha arrojado los resultados que esperaba la comunidad. “Vemos con preocupación que todavía no se consiguen los alimentos de manera regular, la gente sigue haciendo largas colas para poder conseguir algo y lo que puede llevar a sus hogares es muy poco: uno o dos paquetes de harina pan”.
Con las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional se esperaba que la gente pudiera conseguir los alimentos sin tanto trauma, pero no es así. Por otra parte, dice que el cierre y el estado de excepción están afectando la actividad propia de la frontera, que es el comercio, pues según cifras de la Cámara de Comercio de San Antonio, entre el 50 y 60 por ciento de las empresas están a punto de cerrar porque no hay actividad. El alcalde dijo que el comercio de San Antonio depende del intercambio con los hermanos colombianos y de la gente del interior del país que visita a la frontera, pero eso ya no se ve. También las empresas del sector aduanero, los transportistas de carga, las almacenadoras están muy afectadas por el cierre de la frontera.
Refirió que igualmente las arcas de la alcaldía de Bolívar se vieron afectadas por estas medidas, pues la meta de recaudación de 2015 se debió cumplir en septiembre y se alcanzó en noviembre. No obstante, señaló que la mayor afectación se verá en 2016, porque teniendo en mano los números del Situado para el venidero ejercicio, prevén un déficit de aproximadamente 60 millones de bolívares.
En el ámbito de la seguridad, el alcalde dice que en el municipio Bolívar se siguen presentando problemas de inseguridad en las áreas comercial y bancaria, donde personas han sido víctimas de atracos, robos y eso indica que se deben revisar los planes implementados por el Gobierno. Asimismo, afirmó que lo más preocupante es que “hay fronteras que están operativas en este momento. No entendemos cómo habiendo 3 mil efectivos militares desplegados en la zona, todavía existan trochas operativas para el contrabando. Por eso hacemos el llamado a la revisión permanente de los planes que se han implementado, para que los resultados sean positivos y permitan mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que esperamos nosotros”.
Después de tres meses de cierre total de la frontera y de más de un año con el cierre parcial, no se ven los resultados y consideramos que se debe revertir esta medida y tomar acciones que favorezcan la actividad propia de la frontera”. Por: José G. Hernández
